La subida «irracional» del SMI de Sánchez castiga sobre todo a empleadas del hogar, mujeres y jóvenes

El mundo económico está frontalmente en contra de la subida del 8% del salario mínimo interprofesional decidido por el presidente Sánchez «porque todos los efectos que cabe esperar de esta iniciativa son negativos», aseguran los expertos consultados por OKDIARIO. Pero quizá el principal motivo de crítica, que desmonta por completo los avales esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida y ponerla en valor, es que el aumento del salario legal es básicamente antisocial e «irracional», justo lo contrario de lo que defiende Sánchez.

Todos los economistas contactados coinciden en que una retribución de 1.080 euros, que es la que se va a alcanzar después del aumento, va a destruir empleo. «Esto se va a producir particularmente en las ramas de actividad de la agricultura, de la hostelería -que adicionalmente ya tienen problemas para encontrar mano de obra- y singularmente entre las empleadas del hogar, asegura Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex. «Cuesta mucho imaginar que muchas familias, y que por ejemplo los matrimonios jubilados o los que están en condición de viudedad así como aquellas personas que necesitan asistencia en el hogar por problemas de movilidad o de otra clase puedan pagar a partir de ahora esa cantidad, que es irracional».

El aumento del SMI va en contra de las mujeres, otro de los colectivos que dice defender el presidente, y que en muchos casos perciben salarios por debajo de esos 1.080 euros. Lo mismo se producirá con los jóvenes sin experiencia ni cualificación, que a la hora de ingresar en el mercado laboral no puede aportar a la empresa un valor añadido superior al establecido para su retribución legal, insiste Balmaseda. A este respecto, Benito Arruñada, catedrático Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, rechaza que la iniciativa tenga alguna repercusión sobre la desigualdad. Más bien sucederá lo opuesto. «¿Puede contribuir el SMI a este propósito si se computan como cero los salarios de los que pierden el empleo?, se pregunta.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, asegura que «no hay ninguna evidencia empírica que refute que una subida del salario mínimo destruye empleo, y esto es así en todo el mundo, en los países desarrollados como España y en los menos». En nuestro caso, así lo han manifestado sendos informes del Banco de España, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo independiente encargado de vigilar las cuentas públicas por orden de la Comisión Europea, así como del servicio de estudios de BBVA, el tercer banco del país. Bernaldo de Quirós considera que otro de los inconvenientes de la iniciativa del Ejecutivo es que la subida salarial es generalizada para toda España, cuando la situación retributiva dista mucho de ser homogénea en el conjunto del territorio. «No es lo mismo un salario de 1.080 euros en Madrid que en Extremadura», cita como ejemplo.

Ricardo Martínez Izquierdo, presidente de Equipo Económico, ve muchas consecuencias negativas en la propuesta. El primero es su efecto acumulativo, que eleva hasta un 47% el porcentaje en que ha subido el SMI desde que gobierna Sánchez. «Esto representa un impacto sobre la demanda real, presiona sobre los precios, eleva notablemente los costes que padecen las compañías y provocará sin duda efectos de segunda ronda, contaminando las subidas salariales del resto de los segmentos de actividad».

Como además la decisión ha sido adoptada de manera unilateral, sin tener en cuenta a los empresarios, «es una contradicción en toda regla con los mensajes de la vicepresidenta Calviño en el sentido de llegar a un pacto de rentas que palíe los riesgos de inflación», afirma Martínez Izquierdo. Justo al contrario, este aumento desordenado del salario mínimo, impuesto como un trágala, «se trasladará el conjunto del sistema productivo y provocará los efectos de segunda ronda que -la también ministra de Economía- se quieren evitar y que constituyen un quebradero de cabeza para el Banco Centra Europeo -que intenta combatir con su política de subir por un tiempo prolongado los tipos de interés-«.

Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, opina que un aumento tan intenso del SMI no es compatible con el momento por el que pasa la economía española, marcado por la desaceleración del crecimiento -un aumento del PIB de sólo el 0,2% en el cuarto trimestre de 2023- y un empeoramiento progresivo del mercado laboral -la tasa de paro está en el entorno del 13%, que es la cifra más alta de la UE-. A su juicio, el incremento de los costes que entraña para las empresas ataca claramente la competitividad de la economía y complicará la búsqueda de empleo y el ingreso de los parados o de los inactivos en el mercado laboral legal. Izquierdo coincide en que esta decisión perjudica a los colectivos más vulnerables como las empleadas del hogar y los jóvenes.

La subida del SMI impulsada por el presidente Sánchez, que encierra un claro motivo electoral -en junio se celebran comicios en ayuntamientos y autonomías y antes de final de año deben convocarse las elecciones generales- se añade a la de la revalorización de las pensiones en un 8,5%, y en conjunto, sumadas ambas iniciativas, sus efectos sobre el déficit y la deuda pública serán muy negativos. La patronal de empresarios CEOE ha estado fuera de la negociación y de la posterior decisión del Gobierno en los dos casos, y en lo que respecta al SMI había defendido que se aumentará un 4% como máximo.